La Coordinadora de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de la Defensoría del Pueblo, Patricia Luna Paredes con el apoyo de la Asesora Jurídica Haylen Maldonado realizó en la Regional Atlántico, una evaluación sobre la atención y orientación al proceso de Justicia y Paz que realizan funcionarios de esta entidad, con la presencia de ante la presencia de 15 víctimas afectadas por la violencia de los grupos armados ilegales.
Durante el desarrollo de este grupo focal, las víctimas que participaron hicieron énfa
sis en el apoyo que han obtenido de la Defensoría del Pueblo bajo la dirección de Felisa Salcedo, Defensora Regional en el Atlántico, al trasladar a sus funcionarios hasta las comunidades y/o municipios para explicarles en que consiste la Ley de Justicia y Paz y cómo pueden vincularse a este proceso. También destacaron las asesorías recibidas sobre la documentación que deben aportar para poder acceder a la Ley 975 de 2005, dependiendo de la conducta delictiva por lo cual han sido afectados.
La designación de Defensores Públicos a aquellas personas que no cuentan con recursos económicos para judicialmente los representen en estos procesos ha sido uno de los grandes apoyos que según las víctimas han encontrado por parte de la institución.
Sin embargo, expresaron su inconformidad en temas como la reparación administrativa en donde Acción Social, en algunos casos, no los reconoce como población desplazada y para la cual la Defensoría del Pueblo según las víctimas debería hacerles un seguimiento.
Durante el desarrollo de este grupo focal, las víctimas que participaron hicieron énfa
sis en el apoyo que han obtenido de la Defensoría del Pueblo bajo la dirección de Felisa Salcedo, Defensora Regional en el Atlántico, al trasladar a sus funcionarios hasta las comunidades y/o municipios para explicarles en que consiste la Ley de Justicia y Paz y cómo pueden vincularse a este proceso. También destacaron las asesorías recibidas sobre la documentación que deben aportar para poder acceder a la Ley 975 de 2005, dependiendo de la conducta delictiva por lo cual han sido afectados.La designación de Defensores Públicos a aquellas personas que no cuentan con recursos económicos para judicialmente los representen en estos procesos ha sido uno de los grandes apoyos que según las víctimas han encontrado por parte de la institución.
Sin embargo, expresaron su inconformidad en temas como la reparación administrativa en donde Acción Social, en algunos casos, no los reconoce como población desplazada y para la cual la Defensoría del Pueblo según las víctimas debería hacerles un seguimiento.
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