Nos hemos reunido en la ciudad de Santa Marta el día 23 de julio de 2009, para analizar las posibles medidas institucionales frente a las dificultades de seguridad y las amenazas que se han presentado contra las Defensorías Regionales de la Costa Atlántica. Sin lugar a dudas, esas situaciones han dificultado la labor de las Defensorías Regionales, en su función de defensa de los derechos humanos y de prevención del desplazamiento forzado.
Este encuentro constituye a la vez en un espacio para hacer público el permanente respaldo de los representantes en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados-ACNUR, JEAN NOEL WETTERWALD y del Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, JAVIER HERNÁNDEZ a la labor de la Defensoría del Pueblo en Colombia y, en este caso en particular, a las Defensorías de la Costa Atlántica.
Las amenazas que han sufrido varios de sus funcionarios en cumplimiento de su mandato institucional de prevención del desplazamiento forzado y la frecuente desestimación por parte de algunas autoridades públicas a los Informes de Riesgo emitidos por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo-SAT, impide una efectiva respuesta estatal en materia de prevención y protección de los derechos humanos de las comunidades en riesgo.
La presencia del Defensor del Pueblo, el Defensor Delegado para la Evaluación de Riesgos de la Población Civil y Director del Sistema de Alertas Tempranas-SAT, y el Director Nacional de Promoción y Divulgación y Coordinador de la Unidad de Atención al Desplazamiento Forzado, responden a la pertinencia de adelantar un diálogo con los Defensores Regionales de los Departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba, alrededor del tema de prevención y la protección de los derechos humanos.
El Defensor del Pueblo, Dr. WOLMAR PÉREZ ORTIZ recibe con beneplácito el interés y apoyo manifestados por las agencias de Naciones Unidas que han acompañado este encuentro, respecto a la labor de las Defensorías Regionales en su misión de defensa y protección de los derechos humanos en la región Caribe, y coincide con ellos en señalar:
1. Las dificultades que viven los funcionarios de las Defensorías Regionales en su labor cotidiana de prevención de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, y advertimos con preocupación la sensible situación de amenazas que sufren varios de ellos en el cumplimiento de su trabajo en la región Caribe.
2. El respaldo decidido al trabajo de las Defensorías Regionales en su tarea de promover una Política de Prevención de Violaciones Masivas de los Derechos Humanos, con el propósito de mejorar las respuestas estatales y sociales a las amenazas que sufren las comunidades expuestas a las consecuencias del conflicto armado interno en la región Caribe.
3. La importancia de los Informes de Riesgo emitidos por el SAT como instrumentos para la construcción de una Política de Prevención de Violaciones Masivas de Derechos Humanos y como herramienta para hacer seguimiento a las respuestas de las autoridades competentes para conjurar el riesgo a que se ven sometidas las comunidades en el contexto del conflicto armado en la Costa Atlántica.
Finalmente, el Defensor del Pueblo y los Representantes en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados-ACNUR y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recuerdan que la tarea de la Defensoría del Pueblo y sus Defensores Regionales está contemplada en la Constitución Política y que se trata de una actividad legítima que contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho y de los valores de la democracia. En ese sentido, hacen un llamado a las autoridades competentes del Estado colombiano, en especial, a las administraciones departamentales, municipales y a la Fuerza Pública, de poner a disposición de las Defensorías Regionales y de sus servidores públicos todos los medios necesarios para el cumplimiento de la misión de la labor de prevención y de garantía efectiva de los derechos humanos de las personas que acuden a sus oficinas.
Igualmente recomienda a las autoridades departamentales y municipales tener en cuenta los análisis de riesgo emitidos por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo para prevenir hechos de violencia selectivos e indiscriminados y salvaguardar los derechos humanos de posibles violaciones, en el entendido que estas autoridades en el marco de la Ley tienen la obligación de atender de manera urgente los Informes de Riesgo y las Alertas Tempranas.
Este encuentro constituye a la vez en un espacio para hacer público el permanente respaldo de los representantes en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados-ACNUR, JEAN NOEL WETTERWALD y del Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, JAVIER HERNÁNDEZ a la labor de la Defensoría del Pueblo en Colombia y, en este caso en particular, a las Defensorías de la Costa Atlántica.
Las amenazas que han sufrido varios de sus funcionarios en cumplimiento de su mandato institucional de prevención del desplazamiento forzado y la frecuente desestimación por parte de algunas autoridades públicas a los Informes de Riesgo emitidos por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo-SAT, impide una efectiva respuesta estatal en materia de prevención y protección de los derechos humanos de las comunidades en riesgo.
La presencia del Defensor del Pueblo, el Defensor Delegado para la Evaluación de Riesgos de la Población Civil y Director del Sistema de Alertas Tempranas-SAT, y el Director Nacional de Promoción y Divulgación y Coordinador de la Unidad de Atención al Desplazamiento Forzado, responden a la pertinencia de adelantar un diálogo con los Defensores Regionales de los Departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba, alrededor del tema de prevención y la protección de los derechos humanos.
El Defensor del Pueblo, Dr. WOLMAR PÉREZ ORTIZ recibe con beneplácito el interés y apoyo manifestados por las agencias de Naciones Unidas que han acompañado este encuentro, respecto a la labor de las Defensorías Regionales en su misión de defensa y protección de los derechos humanos en la región Caribe, y coincide con ellos en señalar:
1. Las dificultades que viven los funcionarios de las Defensorías Regionales en su labor cotidiana de prevención de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, y advertimos con preocupación la sensible situación de amenazas que sufren varios de ellos en el cumplimiento de su trabajo en la región Caribe.
2. El respaldo decidido al trabajo de las Defensorías Regionales en su tarea de promover una Política de Prevención de Violaciones Masivas de los Derechos Humanos, con el propósito de mejorar las respuestas estatales y sociales a las amenazas que sufren las comunidades expuestas a las consecuencias del conflicto armado interno en la región Caribe.
3. La importancia de los Informes de Riesgo emitidos por el SAT como instrumentos para la construcción de una Política de Prevención de Violaciones Masivas de Derechos Humanos y como herramienta para hacer seguimiento a las respuestas de las autoridades competentes para conjurar el riesgo a que se ven sometidas las comunidades en el contexto del conflicto armado en la Costa Atlántica.
Finalmente, el Defensor del Pueblo y los Representantes en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados-ACNUR y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recuerdan que la tarea de la Defensoría del Pueblo y sus Defensores Regionales está contemplada en la Constitución Política y que se trata de una actividad legítima que contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho y de los valores de la democracia. En ese sentido, hacen un llamado a las autoridades competentes del Estado colombiano, en especial, a las administraciones departamentales, municipales y a la Fuerza Pública, de poner a disposición de las Defensorías Regionales y de sus servidores públicos todos los medios necesarios para el cumplimiento de la misión de la labor de prevención y de garantía efectiva de los derechos humanos de las personas que acuden a sus oficinas.
Igualmente recomienda a las autoridades departamentales y municipales tener en cuenta los análisis de riesgo emitidos por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo para prevenir hechos de violencia selectivos e indiscriminados y salvaguardar los derechos humanos de posibles violaciones, en el entendido que estas autoridades en el marco de la Ley tienen la obligación de atender de manera urgente los Informes de Riesgo y las Alertas Tempranas.
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