EN AUDIENCIA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
EXIGEN RESPETO Y PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS RECLUSOS EN LOS CENTROS CARCELARIOS Y PENITENCIARIOS DEL ATLÁNTICO
Un llamado a las autoridades del departamento del Atlántico realizó la Defensoría del Pueblo bajo la dirección de Vólmar Pérez Ortiz para que se garantice y proteja los derechos humanos de las personas que actualmente están privadas de la libertad en los distintos establecimientos carcelarios y penitenciaros en el Atlántico.
En visitas inspectivas realizadas por la Defensoría del Pueblo Regional Atlántico bajo la dirección de Felisa Salcedo Revollo se determinó la vulnerabilidad, en éstos sitios de reclusión, a los derechos humanos de los internos, entre los cuales resaltamos: la infraestructura de los centros carcelarios, el hacinamiento, la falta de atención en áreas como salud, estudio, alimentación, recreación, deporte, adecuado manejo de la Unidad de Atención Especial, UTE y de los traslados de presos, al igual que la ausencia de profesionales de la psicología., entre otros.
Uno de los factores más preocupante es el hacinamiento existente en estos sitios. Así lo
expresó la Defensora del Pueblo Regional Atlántico, Felisa Salcedo, quien al respecto manifestó que “El hoy llamado establecimiento de Justicia y Paz, más conocido como Cárcel Modelo es uno de los más antiguos y su capacidad es de 180 internos, sin embargo, en la actualidad cuenta con una población reclusa de 884 personas lo que quiere decir que hay un hacinamiento del 96,4%. El establecimiento penitenciario El Bosque que fue construido en 1956 para albergar a unos 650 internos cuenta con 915, lo que indica que hay un hacinamiento del 20% aproximadamente. En el centro de reclusión especial de Sabanalarga cuya capacidad es de 50 internos están recluido 70 personas. Estos hacinamientos con llevan a una situación de riesgo para la convivencia de los presos”, indicó la funcionaria.
En esta audiencia defensorial también intervino la Asesora para la olítica Criminal y Penitenciaria de la Defensoría del Pueblo, Carmen Lozano, quien en representación del Defensor del Pueblo Volmar Pérez Ortiz, realizó algunas recomendaciones para solucionar la problemática existente en estos centros carcelarios entre los cuales citamos:
Solicitar al INPEC y al Ministerio de Interior y Justicia la ampliación del establecimiento penitenciario El Bosque como también habilitar y poner en funcionamiento el nuevo pabellón como medida inmediata para solucionar la situación de hacinamiento.
Realizar las adecuaciones necesarias en los establecimientos de reclusión.
Instar a la dirección del INPEC para que al fijar el lugar de cumplimiento de la condena se tenga en cuenta las condiciones propias del género y el acercamiento familiar todo ello tendiente a la resocialización del privado de libertad.
También el Defensor del Pueblo exhorta al director general del INPEC para que tome las medidas necesarias para que los internos puedan acceder al estudio y a trabajo con el fin dar cumplimiento al proceso de reversión de penas y resocialización.
Exhortar a la dirección general del INPEC para que se capacite al cuerpo de custodia y vigilancia y al personal administrativo en temas como: manejo del estrés, tolerancia, derechos humanos y relaciones interpersonales.
También se exhorta la INPEC para que de cumplimiento al artículo 107 del código penitenciario y carcelario en el sentido de adelantar también con carácter urgente todas las diligencias tendientes a la ubicación de los internos con trastornos mental en establecimiento con unidad de salud mental en lugar cercano a su entorno familiar para que reciba el tratamiento adecuado a su enfermedad.
Instar al INPEC para que a través de la Oficina Jurídica del establecimiento carcelario y penitenciario del departamento del Atlántico se preste una atención adecuada a las necesidades de la población reclusa dando respuesta oportuna a sus peticiones verbales y escritas en el término establecido en la ley.. También absolviendo las asesoráis de manera verbal cuando se requiera.
Mantener las cartillas biográficas de los reclusos actualizadas y proveer del personal necesario para implementar de manera planificada el sistema progresivo y demás comités necesarios para el trámite de los beneficios judiciales y administrativos. En muchos casos esta carga corresponde al Defensor Público, quien lucha por conseguir la documentación para poder otorgar a los internos los beneficios especialmente el de la libertad
Exhortar al INPEC también para que nombre el personal administrativo y de guardia suficiente para cumplir de manera efectiva las funciones que le corresponden como ente penitenciario y carcelario.
Recomendar al INPEC, que informe al juez de ejecución de penas y medida de seguridad respectivo el traslado de los internos con el fin que el expediente sea remitido a la mayor brevedad posible al nuevo circuito judicial a donde fue traslado el interno. Igualmente la remisión de la documentación necesario para que pueda acceder con el goce de los beneficios administrativos y judiciales.
Recomendar al Consejo Superior de la Judicatura, que mediante un instructivo se recuerde a los señores jueces lo establecido en el acuerdo 054 de 1994, en el sentido que el juez ce conocimiento una vez ejecutoriada la sentencia condenatoria el expediente sea remitido al juez de ejecución de penas y medida de seguridad para la administración de la pena.
También el señor Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz solicita al INPEC, el suministro urgente a los internos de colchonetas, útiles de aseo personal y de aseo para el establecimiento.
Requerir al INPEC, para que realice la clasificación de los internos por categorías atendiendo el sexo, la edad, la naturaleza del hecho punible, la personalidad, los antecedentes y condiciones de salud física y mental conforme a lo establecido en el artículo 63 del Código Penitenciario y Carcelario.
También solicitamos al INPEC, que se elijan los Comités de Derechos Humanos en los establecimientos carcelarios y penitenciarios de la región, elegidos en cada uno de los patios.
Recordar al Inpec que se solicite a las empresas contratistas de alimentos de los establecimientos y carcelarios del Atlántico se cumpla con lo pactado en el contrato con respecto a cantidad y calidad de alimentos.
Solicitar al Gobernador del Atlántico, y a todas las autoridades que hacen parte de la comisión de vigilancia y seguimiento al régimen penitenciario que de conformidad con el decreto 1365 de 1992 se reúnan con frecuencia y en ese mismo recinto se ventile la problemática de los establecimientos de reclusión del departamento del Atlántico con el fin de buscar soluciones oportunas y eficientes y eficaces en procura de la protección de los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad.
También instar a la Gobernación del Departamento del Atlántico, al Distrito de Barranquilla y a las Alcadías Municipales que den cumplimiento al artículo 17 de la ley 65 de 1993 el cual establece que los presupuestos departamentales y municipales deben incluirse las partidas necesarios para los gastos de los centros penitenciaros de la región.
También el señor Defensor del Pueblo, requiere al INPEC, para que obtenga la asesoría y capacitación de entidades expertas en salud ocupacional, seguridad industrial y prevención de riesgos profesionales para que evalúen y capaicaten permanentemente al personal de salud, guardia y administrativo especialmente a los internos en general pero a los que trabajan en la elaboración y reparto de los alimentos, a los que trabajan en panadería, talleres, entre otros. Todo lo anterior buscando dar cumplimiento a las normas de seguridad industrial, prevención de enfermedades y de accidentes profesionales.
Por último, encargar a la Defensoría del Pueblo Regional Atlántico para que junto con la coordinación, apoyo y asesoría de la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales se interpongan las acciones necesarias para la protección real y efectiva de los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios y carcelarios del Departamento del Atlántico.
El Secretario del Interior Alfredo Palencia Molina, durante su intervención e instalación del evento, resaltó la importancia de realizar las Audiencias Defensoriales que permiten a las autoridades tanto departamentales como distritales conocer de cerca la problemática de los sectores vulnerables.
La mesa de trabajo de la audiencia defensorial estuvo conformada por el Secretario del Interior del Departamento del Atlántico, Alfredo Palencia; la Personera Distrital, Lourdes Indignares; la Asistente Social de los Juzgados de Ejecución de Penas y Mediadas de Seguridad, Regina González; la Directora Regional del Inpec, Gloria Tamara; la Defensora del Pueblo Regional Atlántico, Felisa Salcedo Revollo; la Asesora para la política criminal y penitenciaria de la Defensoría del Pueblo; el profesional Administrativo y de Gestión Grado 1, Francisco Berdugo, Defensoría del Pueblo Regional Atlántico; la juez 2da. De Ejecución de Penas, Diana Acero.
En visitas inspectivas realizadas por la Defensoría del Pueblo Regional Atlántico bajo la dirección de Felisa Salcedo Revollo se determinó la vulnerabilidad, en éstos sitios de reclusión, a los derechos humanos de los internos, entre los cuales resaltamos: la infraestructura de los centros carcelarios, el hacinamiento, la falta de atención en áreas como salud, estudio, alimentación, recreación, deporte, adecuado manejo de la Unidad de Atención Especial, UTE y de los traslados de presos, al igual que la ausencia de profesionales de la psicología., entre otros.
Uno de los factores más preocupante es el hacinamiento existente en estos sitios. Así lo
expresó la Defensora del Pueblo Regional Atlántico, Felisa Salcedo, quien al respecto manifestó que “El hoy llamado establecimiento de Justicia y Paz, más conocido como Cárcel Modelo es uno de los más antiguos y su capacidad es de 180 internos, sin embargo, en la actualidad cuenta con una población reclusa de 884 personas lo que quiere decir que hay un hacinamiento del 96,4%. El establecimiento penitenciario El Bosque que fue construido en 1956 para albergar a unos 650 internos cuenta con 915, lo que indica que hay un hacinamiento del 20% aproximadamente. En el centro de reclusión especial de Sabanalarga cuya capacidad es de 50 internos están recluido 70 personas. Estos hacinamientos con llevan a una situación de riesgo para la convivencia de los presos”, indicó la funcionaria.
En esta audiencia defensorial también intervino la Asesora para la olítica Criminal y Penitenciaria de la Defensoría del Pueblo, Carmen Lozano, quien en representación del Defensor del Pueblo Volmar Pérez Ortiz, realizó algunas recomendaciones para solucionar la problemática existente en estos centros carcelarios entre los cuales citamos:Solicitar al INPEC y al Ministerio de Interior y Justicia la ampliación del establecimiento penitenciario El Bosque como también habilitar y poner en funcionamiento el nuevo pabellón como medida inmediata para solucionar la situación de hacinamiento.
Realizar las adecuaciones necesarias en los establecimientos de reclusión.
Instar a la dirección del INPEC para que al fijar el lugar de cumplimiento de la condena se tenga en cuenta las condiciones propias del género y el acercamiento familiar todo ello tendiente a la resocialización del privado de libertad.
También el Defensor del Pueblo exhorta al director general del INPEC para que tome las medidas necesarias para que los internos puedan acceder al estudio y a trabajo con el fin dar cumplimiento al proceso de reversión de penas y resocialización.
Exhortar a la dirección general del INPEC para que se capacite al cuerpo de custodia y vigilancia y al personal administrativo en temas como: manejo del estrés, tolerancia, derechos humanos y relaciones interpersonales.
También se exhorta la INPEC para que de cumplimiento al artículo 107 del código penitenciario y carcelario en el sentido de adelantar también con carácter urgente todas las diligencias tendientes a la ubicación de los internos con trastornos mental en establecimiento con unidad de salud mental en lugar cercano a su entorno familiar para que reciba el tratamiento adecuado a su enfermedad.
Instar al INPEC para que a través de la Oficina Jurídica del establecimiento carcelario y penitenciario del departamento del Atlántico se preste una atención adecuada a las necesidades de la población reclusa dando respuesta oportuna a sus peticiones verbales y escritas en el término establecido en la ley.. También absolviendo las asesoráis de manera verbal cuando se requiera.
Mantener las cartillas biográficas de los reclusos actualizadas y proveer del personal necesario para implementar de manera planificada el sistema progresivo y demás comités necesarios para el trámite de los beneficios judiciales y administrativos. En muchos casos esta carga corresponde al Defensor Público, quien lucha por conseguir la documentación para poder otorgar a los internos los beneficios especialmente el de la libertad
Exhortar al INPEC también para que nombre el personal administrativo y de guardia suficiente para cumplir de manera efectiva las funciones que le corresponden como ente penitenciario y carcelario.
Recomendar al INPEC, que informe al juez de ejecución de penas y medida de seguridad respectivo el traslado de los internos con el fin que el expediente sea remitido a la mayor brevedad posible al nuevo circuito judicial a donde fue traslado el interno. Igualmente la remisión de la documentación necesario para que pueda acceder con el goce de los beneficios administrativos y judiciales.
Recomendar al Consejo Superior de la Judicatura, que mediante un instructivo se recuerde a los señores jueces lo establecido en el acuerdo 054 de 1994, en el sentido que el juez ce conocimiento una vez ejecutoriada la sentencia condenatoria el expediente sea remitido al juez de ejecución de penas y medida de seguridad para la administración de la pena.
También el señor Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz solicita al INPEC, el suministro urgente a los internos de colchonetas, útiles de aseo personal y de aseo para el establecimiento.
Requerir al INPEC, para que realice la clasificación de los internos por categorías atendiendo el sexo, la edad, la naturaleza del hecho punible, la personalidad, los antecedentes y condiciones de salud física y mental conforme a lo establecido en el artículo 63 del Código Penitenciario y Carcelario.
También solicitamos al INPEC, que se elijan los Comités de Derechos Humanos en los establecimientos carcelarios y penitenciarios de la región, elegidos en cada uno de los patios.
Recordar al Inpec que se solicite a las empresas contratistas de alimentos de los establecimientos y carcelarios del Atlántico se cumpla con lo pactado en el contrato con respecto a cantidad y calidad de alimentos.
Solicitar al Gobernador del Atlántico, y a todas las autoridades que hacen parte de la comisión de vigilancia y seguimiento al régimen penitenciario que de conformidad con el decreto 1365 de 1992 se reúnan con frecuencia y en ese mismo recinto se ventile la problemática de los establecimientos de reclusión del departamento del Atlántico con el fin de buscar soluciones oportunas y eficientes y eficaces en procura de la protección de los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad.
También instar a la Gobernación del Departamento del Atlántico, al Distrito de Barranquilla y a las Alcadías Municipales que den cumplimiento al artículo 17 de la ley 65 de 1993 el cual establece que los presupuestos departamentales y municipales deben incluirse las partidas necesarios para los gastos de los centros penitenciaros de la región.
También el señor Defensor del Pueblo, requiere al INPEC, para que obtenga la asesoría y capacitación de entidades expertas en salud ocupacional, seguridad industrial y prevención de riesgos profesionales para que evalúen y capaicaten permanentemente al personal de salud, guardia y administrativo especialmente a los internos en general pero a los que trabajan en la elaboración y reparto de los alimentos, a los que trabajan en panadería, talleres, entre otros. Todo lo anterior buscando dar cumplimiento a las normas de seguridad industrial, prevención de enfermedades y de accidentes profesionales.
Por último, encargar a la Defensoría del Pueblo Regional Atlántico para que junto con la coordinación, apoyo y asesoría de la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales se interpongan las acciones necesarias para la protección real y efectiva de los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios y carcelarios del Departamento del Atlántico.
El Secretario del Interior Alfredo Palencia Molina, durante su intervención e instalación del evento, resaltó la importancia de realizar las Audiencias Defensoriales que permiten a las autoridades tanto departamentales como distritales conocer de cerca la problemática de los sectores vulnerables.
La mesa de trabajo de la audiencia defensorial estuvo conformada por el Secretario del Interior del Departamento del Atlántico, Alfredo Palencia; la Personera Distrital, Lourdes Indignares; la Asistente Social de los Juzgados de Ejecución de Penas y Mediadas de Seguridad, Regina González; la Directora Regional del Inpec, Gloria Tamara; la Defensora del Pueblo Regional Atlántico, Felisa Salcedo Revollo; la Asesora para la política criminal y penitenciaria de la Defensoría del Pueblo; el profesional Administrativo y de Gestión Grado 1, Francisco Berdugo, Defensoría del Pueblo Regional Atlántico; la juez 2da. De Ejecución de Penas, Diana Acero.
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